El cártel de reciclaje de vehículos al final de su vida útil (VFU o ELV en inglés) fue un acuerdo secreto entre los principales fabricantes de automóviles para manipular su relación con los Centros Autorizados de Tratamiento de vehículos (CAT) y evitar pagar por el reciclaje de sus vehículos durante, al menos, 15 años.

Con este pacto, que se mantuvo entre los años 2002 y 2017, y cuyos efectos aún persisten, estas empresas acordaron calificar el reciclaje de vehículos al final de su vida útil como un negocio «suficientemente rentable», lo que les permitía no pagar a las empresas que se dedican al desguace y reciclaje de los vehículos.

Además, según la Comisión Europea, los integrantes del cártel, compartieron los detalles de los contratos que cada uno tenía con las empresas de desguace de vehículos, y acoraron el comportamiento que tendrían hacia estas compañías, para manipular la competencia y no pagar su parte. También acordaron no comunicar la cantidad de vehículos que se podía reciclar o reutilizar, así como la de componentes reciclados utilizados en nuevas unidades.

Tras una investigación exhaustiva, la Comisión Europea ha sancionado a los 15 fabricantes y a la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) con una multa de 458 millones de euros por prácticas anticompetitivas.

En virtud de esta sanción, los Centros de Tratamiento Autorizado, que han sido los grandes afectados por este comportamiento ilegal, tienen derecho a reclamar la compensación económica correspondiente por el daño causado.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) confirma que las multas impuestas por la Comisión Europea en estos casos constituyen una prueba vinculante suficiente para demostrar la existencia y la ilegalidad del cartel.